Las comunidades de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo suscribieron un acuerdo definitivo para resolver los asuntos pendientes vinculados al proceso de reasentamiento requerido por la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.
Este acuerdo, logrado con la mediación del Gobierno dominicano, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, asegura la puesta en marcha de un ambicioso plan de reasentamiento que contempla inversiones superiores a los RD$20 mil millones.
Según se informó en un comunicado de prensa, la iniciativa contempla la entrega de viviendas dignas, así como acceso a servicios esenciales como agua potable, electricidad, salud, educación, espacios deportivos y la construcción de infraestructura comunitaria, incluyendo un mercado, destacamento policial, cementerio municipal y una Unidad de Atención Primaria.
El pacto también establece un sistema de compensación para cultivos de ciclo corto y largo, árboles forestales y terrenos, basado en una matriz de precios previamente consensuada. Asimismo, incorpora un programa de acompañamiento psicosocial, proyectos de vida familiar, generación de ingresos, educación financiera y programas educativos enfocados en reducir el analfabetismo y mejorar el rendimiento académico.
En relación con el acuerdo, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que representa “un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos de las comunidades”. Agregó que esta etapa marca “el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el desarrollo minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo”.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que el acuerdo constituye parte de un proceso evolutivo y de aprendizaje.
“Este momento marca el comienzo de una transición que continuará, más allá de los plazos establecidos en el contrato, y hemos asumido el compromiso —tanto la Iglesia como la Defensoría— de acompañar este proceso para que se extienda a otras dimensiones”, señaló.
Y añadió: “agradezco especialmente a cada representante comunitario, al Estado y al Senado de la República, reiterando nuestro compromiso con la garantía de los derechos de todos y todas”.
Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, subrayó que el plan de reasentamiento se ha desarrollado desde sus inicios sobre la base de una participación constante de las partes interesadas.
Explicó que se lograron acuerdos clave, como la adopción de una matriz de compensación acorde con la legislación nacional y alineada con los principios de la Norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Por su lado, Martín Guzmán, representante de las comunidades, valoró positivamente el consenso alcanzado. “Estamos en la etapa final de una negociación, y hemos conseguido lo mejor que ha sido posible”, expresó.
Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes también el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde del municipio de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y el director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Rolando Muñoz.
