El Ministerio Público ha anunciado que apelará la decisión del juez que impuso medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club, escenario del colapso que dejó más de 230 muertos y casi 200 heridos. La tragedia ocurrió cuando el techo del local se desplomó durante una fiesta en abril, y el caso sigue siendo foco de controversia.
¿Por qué la indignación?
A pesar de que el Ministerio Público presentó más de 130 pruebas, el juez decidió imponer a los acusados medidas de coerción menos severas: garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Para muchos, esta decisión ha sido considerada una burla hacia las víctimas y sus familias, ya que no se aplicó prisión preventiva ni arresto domiciliario, como solicitaba la Fiscalía.
Wilson Camacho, procurador del Ministerio Público, criticó abiertamente la medida, calificándola de injusta. “Esta decisión prioriza el beneficio económico de los imputados sobre las vidas humanas”, afirmó Camacho, quien subrayó que el caso sigue siendo uno de los más graves de la historia reciente del país.
La apelación del Ministerio Público tiene como objetivo que se revoque la decisión y se tome una medida más acorde con la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas
