La comunicadora Ingrid Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, solicitó este viernes la recusación de la jueza Yanibet Rivas, quien está a cargo del caso de la querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por supuesta difamación e injuria. El motivo de la recusación fue alegada parcialidad de la magistrada, presentada durante la audiencia para el conocimiento de una medida de coerción.
Razones de la recusación
El abogado defensor de Jorge, Enrique Santelises, argumentó que la jueza mostró actuaciones sospechosas al rechazar una recusación previa contra el Ministerio Público. La defensa sostiene que el Ministerio Público no presentó el monto exigido en la solicitud inicial, pero lo introdujo durante la audiencia, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Medida de coerción solicitada
El Ministerio Público pidió como medida de coerción una garantía económica de RD$3 millones en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el tribunal. La defensa de Ingrid Jorge calificó la solicitud como desproporcionada e insostenible, señalando que Jorge no tiene los recursos para cubrir una fianza de esa magnitud.
El juez aplaza la audiencia
La jueza Rivas decidió aplazar la audiencia para el lunes 29 de julio, a la espera de que una corte decida sobre la recusación presentada contra ella.
La querella de Faride Raful
La ministra Faride Raful acusa a Ingrid Jorge de dañar su honor tanto como ciudadana como funcionaria pública mediante publicaciones en redes sociales. Además de Jorge, el youtuber Ángel Martínez también fue incluido en la querella, en la que ambos están obligados a pagar una indemnización de RD$100 millones (RD$50 millones cada uno).
Litigación temeraria
Durante la audiencia, el abogado de Raful, Miguel Valerio, advirtió que la jueza Rivas había alertado a la defensa de Jorge sobre la posibilidad de incurrir en litigación temeraria, lo que podría conllevar sanciones por obstaculizar el proceso judicial.
Segunda querella contra Ingrid Jorge
Además de la querella presentada por Raful, Ingrid Jorge enfrenta una segunda demanda por difamación e injuria, interpuesta por el procurador adjunto Iván Feliz Vargas. En este caso, se le impuso una medida de coerción consistente en una garantía económica de un millón de pesos mediante aseguradora y un impedimento de salida del país.
Ambas querellas se sustentan en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza la difamación e injuria a través de medios digitales.
