El empresario Jairo Joel González Durán fue condenado a ocho años de prisión por su implicación en una red de captación ilegal de fondos disfrazada de inversiones en criptomonedas y actividades financieras sin autorización. La sentencia, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ordena que González cumpla su condena en el Centro Penitenciario Najayo Hombres.
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Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impuso el pago de RD$890,350,000 como indemnización civil a favor de 287 víctimas, entre ellas dos entidades jurídicas. También deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector financiero.
Esquema fraudulento y captación ilegal
Junto con Kelmin Santos Rodríguez, coimputado en el caso, González operó un esquema que ofrecía supuestas inversiones en “valores virtuales”, sin contar con la aprobación ni regulación de las autoridades del mercado de valores de República Dominicana. El tribunal determinó que la operación constituía estafa por falsa calidad, asociación de malhechores y ejercicio ilegal de actividades reguladas.
De la suma total de indemnizaciones, más de RD$424 millones serán pagados de manera solidaria entre ambos acusados. Esto significa que cualquiera de los dos puede ser legalmente obligado a cubrir el monto total de cada indemnización.
Kelmin Santos: libertad condicionada, pero con deudas
Kelmin Santos fue sentenciado a cinco años, pero con suspensión total de la pena bajo condiciones estrictas: domicilio fijo, abstenerse de portar armas y consumir alcohol en exceso, aprender un oficio, realizar 60 horas de trabajo comunitario y asistir a programas educativos. Si incumple alguna de estas reglas, deberá cumplir la sentencia en prisión.
El tribunal rechazó las acusaciones por lavado de activos y estafa informática, al considerar que no había pruebas suficientes. Sin embargo, dejó establecido que hubo captación de fondos sin respaldo legal, lo que constituye delito financiero.
El promedio de las indemnizaciones fue de unos RD$3 millones por víctima, siendo el monto más común los RD$2 millones. Algunas condenas superaron los RD$10 millones, reflejando la magnitud del daño causado.
Embargos y decomisos
Además del resarcimiento económico, el tribunal ordenó decomisos de bienes relacionados con el caso. No obstante, rechazó confiscar propiedades y vehículos registrados a nombre de terceros no implicados, entre ellos un apartamento y varias unidades de alto valor.
La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 4 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha se abrirá el plazo legal para presentar apelaciones.
Con este fallo, el sistema judicial dominicano sienta un precedente en casos de fraudes financieros, permitiendo la ejecución de embargos y otras medidas de cobro para que las víctimas recuperen parte de sus inversiones.
