La Corte de Apelación del Distrito Nacional ha decidido rechazar la recusación presentada por Ángel Martínez contra el juez Reymundo Mejía, quien lleva el caso sobre la solicitud de medida de coerción en su contra por presunta difamación e injuria a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La decisión fue confirmada por el abogado de Martínez, Carlos Mesa, quien indicó que recurrirán la resolución ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Tabla de contenido
La Recusación Rechazada
A pesar de que el recurso está pendiente, la audiencia para la medida de coerción de Martínez ha sido programada para este miércoles. El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, seguirá siendo el encargado de conocer el caso. Carlos Mesa calificó la decisión como un “absurdo” y denunció que el juez “mutiló” el acta de audiencias anteriores al excluir los argumentos que sustentaban la recusación.
Acusaciones en Contra de Ángel Martínez
La ministra Faride Raful acusa a Ángel Martínez de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 367 del Código Penal, al presuntamente difamarla a través de su canal de YouTube.
Una acusación similar enfrenta la youtuber Ingrid Jorge, conocida como “La Torita”, en su caso también por difamación. El caso de Jorge está siendo conocido por la jueza Yanibet Rivas en el Sexto Juzgado de la Instrucción, quien también ha sido recusada por su defensa alegando falta de imparcialidad.
Indemnización Solicitada
Faride Raful ha solicitado una indemnización de 100 millones de pesos por daños y perjuicios contra ambos creadores de contenido. Sin embargo, tanto Martínez como Jorge han manifestado públicamente que no cuentan con los recursos para cubrir una eventual condena.
Nueva Recusación en el Caso de Ingrid Jorge
En cuanto a Ingrid Jorge, su defensa presentó una nueva recusación contra la jueza Yanibet Rivas durante la audiencia de la medida de coerción. El abogado Enrique Santelises explicó que esta recusación surgió luego de que la magistrada rechazara una recusación previa contra el Ministerio Público, alegando que el órgano acusador actuó de forma “aviesa” al no incluir el monto de la garantía económica solicitada en el expediente, pero revelarlo durante la audiencia.
