El vocero del PLD, Gustavo Sánchez, aseguró que respetan el debido proceso, pero insistió en que quienes están vinculados al entorno del expresidente deben enfrentar sanciones ejemplares. “Maxy debe cumplir una condena, porque solo un acuerdo económico envía un mensaje errado”, afirmó.
Por su parte, Danilo Díaz, también del PLD, aclaró que Montilla no fue funcionario ni militante del partido, sino un proveedor privado. Cuestionó los privilegios otorgados mediante acuerdos judiciales y destacó que cualquier irregularidad debía ser sancionada por los tribunales.
Desde el bloque oficialista, la diputada Soraya Suárez (PRM) señaló que la restitución de fondos no es suficiente cuando provienen de actos de corrupción. “Reconocer el delito implica que haya cárcel, no solo un arreglo económico”, dijo.
Otros legisladores, como Charlie Mariotti Jr. y Rafael Castillo (Fuerza del Pueblo), coincidieron en que los delitos deben tener consecuencias reales y que los hechos admitidos por Montilla afectan la confianza en las instituciones, advirtiendo que el acuerdo podría incentivar a otros a cometer irregularidades esperando un trato similar.
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