
La República Dominicana está dando un paso importante hacia la mejora en la gestión de residuos con la nueva Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que busca enfrentar el histórico problema de la basura en el país, sin afectar el aparato productivo. Esta ley, que apenas cinco años después de su promulgación requiere una modificación urgente, tiene como objetivo reducir drásticamente los residuos mal gestionados y las toneladas de plásticos que terminan en los ríos, lagos y océanos.
En este sentido, el Gobierno ha trazado metas ambiciosas, como reducir en un 87 % los residuos mal gestionados, disminuir los plásticos contaminantes de 244,000 toneladas en 2022 a solo 18,000 en 2040, y aumentar significativamente la tasa de reciclaje de 23,000 toneladas a 136,000 toneladas en los próximos años. Estas metas están alineadas con la Plataforma de Acción por los Plásticos de la República Dominicana (NPAP-RD), coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Régimen de Prohibiciones
La Ley 98-25 introduce estrictas prohibiciones, incluyendo la importación de productos fabricados en poliestireno (foam) como sorbetes, tenedores, cucharas, tapas, vasos, entre otros, que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Además, establece un plazo de 12 meses para prohibir la comercialización de estos productos no biodegradables, excluyendo los envases térmicos de foam con tapa adherida para el consumo de alimentos.
Asimismo, la ley fija un plazo de un año para que los establecimientos comerciales dejen de entregar fundas plásticas de un solo uso y obliga a los productores de fundas y botellas plásticas a incorporarse en un programa de responsabilidad extendida para el tratamiento y disposición segura de los residuos generados.
Excepciones y Regulaciones Específicas
Aunque la ley prohíbe muchos productos plásticos, contempla excepciones para ciertos plásticos utilizados en áreas críticas como la medicina, laboratorio y construcción. Además, la normativa establece que los plásticos vendidos en el país deben tener una certificación que garantice su biodegradabilidad mínima del 20% en el primer año, o del 90% en un máximo de cinco años.
En cuanto al foam, la ley prohíbe su uso sin aditivos biodegradables. También se realizarán auditorías anuales a los fabricantes e importadores, y las infracciones graves podrían conllevar sanciones, como la confiscación de maquinaria y la inhabilitación temporal de las empresas infractoras.
Contribuciones y Economía Circular
Para financiar estos esfuerzos, la ley establece un aporte anual obligatorio de entre 3,000 pesos y 650,000 pesos, dependiendo de los ingresos de la empresa. Estas contribuciones son deducibles de las rentas y están ajustadas según el índice de precios al consumidor.
El impacto económico del sector plástico es relevante para la economía dominicana. En 2024, la industria del plástico aportó más de 12,400 millones de pesos a las arcas fiscales, representando casi el 5% de la recaudación total. A pesar de que el reciclaje en el país procesa solo el 10% de los plásticos, la industria de reciclaje generó 1,148 empleos directos y exportó 34,367 toneladas de plástico, destacándose mercados como México, Estados Unidos y China.
Plazos y Prohibiciones en la Modificación
La modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) establece nuevos plazos y regulaciones para los productores locales. Entre las principales disposiciones, los productores deberán presentar alternativas ecoamigables y biodegradables para los platos y bandejas de foam dentro de 24 meses. Además, la ley obliga la implementación de programas de reciclaje y formalización de recicladores en un plazo de 12 meses.
La normativa también establece plazos de hasta 48 meses para la clausura de vertederos a cielo abierto y la transformación de la disposición final de residuos en rellenos sanitarios regionales o compartidos.
El incumplimiento de los plazos establecidos en la ley conlleva sanciones graves, de acuerdo con el artículo 164 de la legislación vigente.
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