Este viernes, se reportaron enfrentamientos y militarización en la comunidad de Zambrana, Cotuí, donde agentes policiales utilizaron bombas lacrimógenas para desalojar a residentes que mantenían un campamento en defensa del río El Naranjo.
Según denuncias de los comunitarios, los policías llegaron en un convoy fuertemente armado, portando armas largas, escudos y cascos, con el objetivo de garantizar el paso de maquinaria pesada enviada por una empresa minera que ejecuta trabajos de tala y movimiento de tierra en la zona boscosa del río.
“Aquí hay mujeres y niños heridos por los empujones y las bombas lacrimógenas que lanzaron los militares. Somos una comunidad desarmada que solo quiere proteger su medio ambiente”, denunció Concepción Sosa, representante local.
A pesar de la resistencia pacífica de los residentes, la tala de árboles y construcción de una carretera hacia una presunta presa de cola minera continúa su curso. Esta obra es vista por muchos como una amenaza directa al ecosistema del río.
“Barrick Gold nos ha quitado demasiado, y ahora busca aplastar la dignidad de este pueblo. Esta carretera puede destruir temporalmente la naturaleza, pero también entierra la moral de quienes abusan, como Juana Barceló, y de los funcionarios que miran hacia otro lado”, expresó con firmeza Fernando Peña, presidente de la Comisión Social de la UASD.
Hasta el momento, las autoridades correspondientes —Ministerio de Medio Ambiente, Procuraduría de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas— no se han presentado en el lugar ni han ofrecido declaraciones sobre los hechos ni sobre las agresiones sufridas por la comunidad.
