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La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, defendió este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Espaillat, acusado de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
En la audiencia de medidas de coerción, el Ministerio Público también solicitó que Maribel Espaillat, hermana de Antonio, cumpla con arresto domiciliario. Además, se pidió que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud de la tragedia y el impacto social que ha causado.
Justificación de la solicitud
Ante los cuestionamientos por la duración de la medida solicitada, Reynoso argumentó que la Procuraduría actúa con base en una política enfocada en dar respuestas a hechos de “alta lesividad social”.
La procuradora expresó, al salir del acto de rendición de cuentas del Defensor del Pueblo en el Senado, que “la sociedad merece” que el Ministerio Público actúe con firmeza en casos de gran impacto como el del Jet Set, que dejó 236 muertos tras el derrumbe del techo del establecimiento.
“Si revisan toda nuestra trayectoria, verán que en este caso no hemos actuado de forma distinta”, agregó Reynoso, aludiendo a otros procesos judiciales de gran relevancia donde se solicitó prisión preventiva para garantizar las investigaciones.
La tragedia del Jet Set
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, causó una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente de la República Dominicana. El Ministerio Público sostiene que este desastre fue producto de la negligencia e irresponsabilidad de los propietarios del local, Antonio y Maribel Espaillat.
A pesar de que existen otras medidas cautelares que el Ministerio Público podría haber solicitado, como garantías económicas o presentación periódica, se optó por la prisión preventiva debido a la gravedad del caso, apoyándose en disposiciones del Código Procesal Penal.
El futuro del Código Penal
Durante el mismo acto, Reynoso aprovechó la ocasión para reiterar su llamado al Congreso Nacional para la aprobación de un nuevo Código Penal, dado que el actual tiene más de 140 años de vigencia, lo que lo hace obsoleto frente a los nuevos tipos de delitos que han surgido.
La procuradora reconoció que, pese a trabajar con un código anticuado, los fiscales “trabajan con lo que tienen”, pero insistió en la urgencia de actualizar la legislación penal del país.
En este momento, el nuevo Código Penal está siendo evaluado por una comisión bicameral del Congreso, que está estudiando siete propuestas similares. El liderazgo congresual ha mostrado interés en aprobar la nueva legislación antes de que concluya la actual legislatura, el 26 de julio.
Próxima audiencia
El conocimiento de las medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat está pautado para este miércoles, cuando el tribunal continuará con la lectura de las acusaciones del Ministerio Público y evaluará las pruebas presentadas por los fiscales.
