La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este miércoles en segunda lectura la modificación de la Ley 225-20, conocida como la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta normativa, promulgada hace cinco años, ha sido reformulada con el objetivo de enfrentar de manera más eficaz el problema de los desechos en el país.
El proceso legislativo
El proyecto fue aprobado inicialmente en la primera lectura en la tarde del miércoles, y tras una rápida convocatoria, se validó en la segunda lectura en una sesión extraordinaria. Ahora, el proyecto será reenviado al Senado, que ya había aprobado una versión en enero de 2025. Durante su tramitación en el Senado, varios sectores presentaron objeciones, lo que llevó a una serie de reuniones con representantes de estos grupos y con el Ministerio de Medio Ambiente, así como con el presidente Luis Abinader, para lograr una versión más consensuada del texto.
Principales cambios introducidos
Uno de los cambios más significativos es la modificación del artículo 154, que establece que los productos fabricados con foam (espuma plástica) deben degradarse al menos un 20% durante el primer año y un 90% en un plazo de cinco años. Este proceso deberá ser comprobado mediante estudios de laboratorio y auditorías anuales.
Además, se exige a los fabricantes e importadores de plásticos que cuenten con certificaciones que acrediten el cumplimiento de normas internacionales sobre biodegradabilidad. La Dirección General de Aduanas (DGA) será la encargada de verificar estas certificaciones en el proceso de importación.
Disposición de vertederos y plantas procesadoras
Otro cambio importante es la limitación de vertederos a solo uno por provincia, con la opción de establecer una planta procesadora por cada 10 regiones, ubicadas a una distancia máxima de 70 kilómetros entre sí, salvo en la región Ozama, por su alta densidad poblacional.
Además, se exige a los fabricantes de cemento integrar el reciclaje de residuos sólidos como una fuente de energía alternativa en sus procesos industriales, utilizando combustibles derivados de estos desechos.
Contribuciones y cuotas para la gestión de residuos
El tema de las contribuciones económicas fue uno de los más debatidos en el Congreso. Aunque los diputados lograron reducir las tarifas aprobadas previamente por el Senado, se generaron nuevas críticas por los montos establecidos. Las nuevas cuotas son las siguientes:
Empresas con ingresos de hasta RD$1 millón: RD$3,000
Hasta RD$10 millones: RD$6,000
Hasta RD$25 millones: RD$20,000
Hasta RD$100 millones: RD$675,000
Estas tarifas son más bajas que las propuestas inicialmente en el Senado, que llegaron a proponer montos de hasta RD$2 millones como tope. Además, los aportes serán deducibles del ingreso bruto y ajustados anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió los montos, señalando que son algunos de los más bajos de América Latina. Sin embargo, advirtió que en el futuro podrían ser necesarios ajustes si se quiere abordar de manera efectiva el problema de la basura en el país.
Otras disposiciones clave
El artículo 38 también fue modificado para incluir como objetivos la creación de un fondo para la gestión integral de residuos, que cubrirá estaciones de transferencia, el cierre de vertederos a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios y la implementación de proyectos de reciclaje y mejora en el transporte de desechos.
En cuanto a las sanciones, el Ministerio de Medio Ambiente podrá imponer multas por incumplimiento de la ley. Las infracciones graves podrían acarrear penalidades de entre 100 y 1,000 salarios mínimos del sector público. Para residuos peligrosos, las sanciones oscilan entre 1,000 y 3,000 salarios mínimos, además de trabajo comunitario que varía de 2 a 30 días.
