Diversos líderes y representantes de los principales partidos políticos han expresado su preocupación ante la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), la cual elimina la exigencia de que las candidaturas independientes estén vinculadas a agrupaciones políticas formalmente reconocidas. Esta resolución, que modifica aspectos clave de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, ha sido vista como una posible amenaza al modelo tradicional de partidos en República Dominicana.
Reacciones del liderazgo político
Las organizaciones partidarias consideran que esta sentencia pone en desventaja a los partidos establecidos, ya que los aspirantes independientes no estarían obligados a cumplir con los mismos requisitos legales, organizativos ni de transparencia que los instituidos por ley para las agrupaciones políticas.
Sigmund Freund, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lamentó que el TC no tomara en cuenta el posible impacto negativo que esta medida podría tener sobre el sistema democrático dominicano. “No se evaluó el valor que aportan los partidos al fortalecimiento de la democracia, como ocurre en otros países”, afirmó.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, su secretario general, manifestó inquietudes similares, resaltando la ausencia de un marco legal claro que regule las candidaturas independientes. Por su parte, el diputado Danilo Díaz tildó la decisión de “equivocada”, argumentando que pocos ciudadanos cuentan con el respaldo social necesario para postularse sin el apoyo de una estructura política.
Fuerza del Pueblo y PRD también reaccionan
Rubén Maldonado, dirigente de Fuerza del Pueblo (FP), opinó que permitir postulaciones independientes sin reglas claras debilita el papel de los partidos políticos en la democracia. Aseguró que esta medida erosiona el sistema representativo y puede generar desorden político.
En tanto, el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), señaló que en lugar de promover figuras desligadas de las estructuras partidarias, las leyes deberían orientarse a reforzar el sistema de partidos, garantizando así mayor estabilidad política.
