Este viernes, el Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se acumularan cuatro mociones de vacancia en su contra. Los legisladores acusaron a la mandataria de presentar una “incapacidad moral permanente” para enfrentar los crecientes problemas de inseguridad y el avance del crimen organizado en el país. La moción fue respaldada por 122 votos de los 130 congresistas presentes, superando con creces el umbral de 87 votos necesarios para su aprobación.
La votación tuvo lugar durante una sesión maratónica, en la cual Boluarte no se presentó para ejercer su derecho a la defensa. En su lugar, el jefe del Congreso, José Jerí, procedió a anunciar la decisión de continuar con el proceso de vacancia debido a la ausencia de la presidenta, desestimando la solicitud de la oposición de llevar a cabo un debate previo.
Causas detrás de la vacancia y defensa de Boluarte
El Congreso argumentó que la destitución de Boluarte se basaba en su “incapacidad moral” para gobernar, principalmente por su manejo ineficaz de la seguridad y el aumento de la criminalidad. Durante el proceso, la defensa de la presidenta, representada por el abogado Juan Carlos Portugal, declaró que la mandataria no asistiría al Congreso. Según Portugal, la decisión del Congreso de no garantizar un debido proceso constitucional justificaba su ausencia, ya que, a su juicio, el proceso violaba los derechos fundamentales de la presidenta.
El cambio en la presidencia
Con la destitución de Boluarte, el presidente del Congreso, José Jerí, asumirá la presidencia de Perú, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución del país. Esta transición también significa que Boluarte pierde su fuero presidencial, lo cual permite que sea procesada por diversos casos legales que la involucran, incluidas investigaciones sobre su gestión y algunos escándalos ocurridos durante su mandato.
El ascenso de Boluarte y los problemas durante su presidencia
Dina Boluarte llegó a la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, su antecesor, quien fue derrocado tras un fallido golpe de Estado. Boluarte, que era la vicepresidenta de Castillo y una figura política relativamente desconocida, hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de Perú.
Sin embargo, su mandato estuvo marcado por una serie de protestas masivas en su contra, las cuales fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, resultando en decenas de muertos. Estos hechos contribuyeron al creciente descontento popular y la presión política que eventualmente llevó a su destitución.
Escándalos y consecuencias legales
A lo largo de su presidencia, Boluarte enfrentó varias investigaciones legales. Una de ellas se centró en el presunto abandono de su cargo cuando se sometió a una cirugía estética sin notificar al Congreso, lo cual es una obligación constitucional. Además, en 2024 estalló el escándalo conocido como “Rolexgate”, cuando se descubrió que la presidenta había recibido joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.
La destitución de Boluarte también la despoja de su inmunidad presidencial, lo que podría dar lugar a procesos judiciales adicionales. Si se encuentra culpable en alguno de estos casos, la exmandataria podría enfrentar una condena.
Repercusiones políticas en Perú
La salida de Boluarte abre un capítulo incierto en la política peruana, que ya se encuentra marcada por una crisis social y política de larga data. La situación en el país sigue siendo volátil, con expresidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala enfrentando cargos por corrupción, y Pedro Castillo recluido en prisión preventiva mientras espera juicio por su fallido intento de golpe de Estado.
La destitución de Boluarte deja al país con una nueva incertidumbre, mientras la transición de poder podría tener efectos importantes en el futuro político y social de Perú.
