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Con el objetivo de evitar que la crisis social que afecta a Haití se traslade al territorio dominicano, dos diputados presentaron este lunes un anteproyecto de ley que propone medidas restrictivas como limitar el alquiler de viviendas a haitianos, restringir su acceso a ciertos empleos y establecer controles sobre la compra de terrenos e inmuebles por parte de ciudadanos haitianos en la República Dominicana.
El anteproyecto fue presentado por el exministro de Energía y Minas Pelegrín Castillo, y será impulsado por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Principales medidas del anteproyecto
El artículo 4 de la propuesta establece que los propietarios de viviendas deberán exigir a los extranjeros, en especial a los haitianos, que presenten documentos de identidad y su estatus migratorio antes de alquilarles una propiedad. En caso de que los documentos sean válidos, el propietario deberá registrarlos en el contrato de alquiler y notificar la transacción a la Dirección General de Migración.
En otro apartado del proyecto, se estipula que antes de vender terrenos o inmuebles a haitianos, el Poder Ejecutivo deberá revisar y aprobar cada solicitud, y posteriormente informar anualmente al Congreso sobre las transacciones realizadas. De esta manera, se busca un control más estricto de la compra de propiedades por parte de extranjeros.
Restricciones laborales
En cuanto al mercado laboral, el anteproyecto propone que determinados empleos sean reservados exclusivamente para ciudadanos dominicanos. Entre los puestos reservados se incluyen los de guardianes de edificios, cargos de seguridad, guías turísticos, jardineros, conductores de vehículos y puestos públicos tanto en el gobierno central como en las alcaldías.
Alojamiento y legalidad migratoria
Un aspecto clave del anteproyecto es el artículo que obliga a los propietarios de viviendas a verificar la legalidad migratoria de los haitianos antes de alquilarles. Si se detecta que un extranjero con residencia legal alquila a otro extranjero en situación irregular, el primero perderá su estatus migratorio y será deportado. Además, la Dirección General de Migración será la encargada de llevar un registro de los haitianos que se encuentren alquilados en el país.
Pacto encabezado por Abinader
Este anteproyecto tiene como base un pacto migratorio firmado en febrero de 2023 por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de fortalecer el control sobre la migración irregular y la seguridad en el país. El convenio, que fue ratificado en octubre de 2023, busca garantizar la legalidad de la presencia de extranjeros en territorio dominicano y proteger los recursos nacionales frente a los efectos de la crisis en Haití.
Reacciones y controversia
El anteproyecto ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores lo consideran necesario para proteger la soberanía y la seguridad nacional, otros lo han calificado de discriminatorio y de generar posibles tensiones sociales. En particular, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes alertan sobre el riesgo de que se incremente la xenofobia y los abusos hacia la comunidad haitiana en la República Dominicana.
Se espera que el anteproyecto sea discutido en las próximas semanas por el Congreso Nacional, y que reciba ajustes antes de una posible aprobación.
