Una nueva propuesta legislativa que está siendo debatida en el Congreso Nacional podría modificar significativamente la forma en que el Estado dominicano contrata espacios publicitarios, permitiendo que se realicen sin necesidad de pasar por los procedimientos ordinarios de licitación pública.
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La propuesta de ley para la reforma de las Contrataciones Públicas ha sido aprobada en dos lecturas por la Cámara de Diputados y establece que, en casos de contratación de publicidad en medios de comunicación —ya sean tradicionales como televisión, radio y prensa escrita, o plataformas digitales—, se podrá utilizar un “procedimiento de excepción”. Este mecanismo, detallado en el artículo 78 del proyecto de ley, permitiría contratar directamente con los medios sin necesidad de realizar concursos de precios ni procesos competitivos.
¿Qué Implicaría Este Cambio?
En términos prácticos, el Estado podría contratar campañas publicitarias de forma directa con los medios, sin intermediarios, y sin la obligación de cumplir con los procedimientos de licitación pública establecidos por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. La propuesta de ley también estipula que este tipo de contratación estará sujeta a la justificación previa y la aprobación de una resolución por parte del Comité de Contrataciones Públicas de la institución correspondiente (artículo 79).
¿Por qué se Justifica?
El gobierno argumenta que el procedimiento de excepción es necesario para facilitar la rapidez y eficacia en la contratación de campañas publicitarias en momentos clave, sin los retrasos asociados a los procesos de licitación. No obstante, el hecho de que este tipo de contratos no se sometan a licitación ha generado inquietudes respecto a la transparencia y la competencia en el uso de los recursos públicos.
Cifras de la Publicidad Estatal
Un informe de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, reveló que, en el primer cuatrimestre de 2025, la inversión en publicidad estatal disminuyó significativamente en comparación con 2024. Mientras que en los primeros cuatro meses de 2024 se ejecutaron contratos por RD$3,121 millones, en 2025 la cifra se redujo a RD$2,445 millones, lo que representa una disminución del 21.65%.
A pesar de esta reducción, la organización crítica la falta de transparencia en los contratos publicitarios del Estado, ya que no existen criterios claros sobre los medios seleccionados ni los objetivos de las campañas, ni tampoco trazabilidad pública de los beneficiarios de los contratos. Esto podría contravenir los principios de rendición de cuentas establecidos por la legislación.
Otras Disposiciones del Proyecto
Aparte de la flexibilización en la contratación de publicidad, el proyecto de ley introduce otras reformas importantes:
- Compra de productos y servicios: Las instituciones públicas deberán adquirir productos y servicios a través de una plataforma oficial en línea llamada “Tienda Virtual”. Solo podrán recurrir a otros proveedores si demuestran que existen mejores condiciones fuera del sistema, con la aprobación previa de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas: El proyecto formaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para todas las fases del proceso de contratación. Cualquier contratación realizada fuera de este sistema no tendrá validez legal y podría ser sancionada.
- Comisiones de Veeduría Ciudadana: Se otorgará un estatus legal a las comisiones de veeduría ciudadana, integradas por representantes de la sociedad civil. Aunque estas comisiones no tendrán poder vinculante, podrán emitir observaciones que servirán como base para auditorías o investigaciones posteriores.
Próximos Pasos Legislativos
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora será reenviado al Senado, donde fue aprobado previamente. Si el Senado ratifica la versión actual, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo, que decidirá si lo promulga o lo observa antes de que se convierta en ley.
Este cambio legislativo podría tener un impacto significativo en la forma en que el Estado maneja la publicidad y las contrataciones públicas en general, lo que podría mejorar la eficiencia, pero también levantar preocupaciones sobre la falta de transparencia y competencia en el proceso.
