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Decenas de campesinos se han tomado las calles de Maimón y Cotuí desde las 6:00 de la mañana de este miércoles para expresar el rechazo del pueblo a la construcción de una presa de cola por parte de la minera Barrick Gold Pueblo Viejo.
Algunos de los manifestantes a pie y otros en vehículos han bloqueado el tránsito en la carretera Maimón-Cotuí, dificultando el paso de los empleados que se dirigen a la minera para llegar a sus puestos de trabajo.
Con consignas como “La Barrick es una minera asesina protegida por un gobierno entreguista, pero el pueblo resiste y no baja la vista”, los manifestantes forman un muro humano que impide el paso de motocicletas, carros y camionetas.
“Solicitamos la intervención del presidente Luis Abinader”, se lee en uno de los carteles que portan los campesinos.
Roque Espaillat, (El cobrador), ex candidato presidencial, se sumó a la protesta, manifestando que la minera extranjera busca apropiarse del oro que le pertenece al pueblo.
“El oro es del pueblo dominicano, esta es una empresa extranjera que quiere desplazar a campesinos que han vivido aquí durante décadas, creyendo que con un puñado de monedas pueden pagar décadas de trabajo y sacrificio”, expresó.
Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y representante de la comunidad en la comisión mediadora del diálogo, indicó que Barrick busca “quedarse con las manos libres” y sin compromisos.
“Lo que Barrick ha estado haciendo es intentar deslegitimar la representación de la comunidad”, afirmó, agregando que la minera intenta excluir al líder y representante de los comunitarios de las conversaciones.
Comisión
Una comisión mediadora, integrada por comunitarios, la iglesia, el Defensor del Pueblo y representantes de Barrick, ha realizado al menos tres reuniones para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.
La última reunión se celebró el lunes, donde se acordó que la minera deberá presentar un informe que revise las dos normativas de reasentamiento involuntario, con el objetivo de garantizar una reubicación favorable para las comunidades, conforme a los estándares internacionales.
Este informe debe ser entregado al Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días, el cual vence el 30 de enero de este año.
Por otro lado, la próxima reunión de la comisión se llevará a cabo el 4 de febrero de este año en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), donde se continuará con la agenda de trabajo para avanzar hacia una solución.
