Un nuevo local en Baní fue clausurado por las autoridades antes de abrir, al descubrirse que su publicidad hacía alusión a reconocidos capos del narcotráfico, algo que está prohibido por la ley dominicana.
El negocio, identificado como “Sinaloa Drink”, mostraba en su fachada fotografías de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos, Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán, todos vinculados al Cartel de Sinaloa, una organización criminal de alcance transnacional. Incluso el nombre del local hacía referencia directa a dicha estructura delictiva, considerada una de las más peligrosas a nivel global.
De acuerdo con el Ministerio Público, este tipo de promoción constituye una violación al artículo 36 de la Ley 50-88, que prohíbe expresamente la difusión de cualquier tipo de contenido que contribuya, de forma directa o simbólica, a normalizar o celebrar el uso o distribución de sustancias prohibidas.
“Está prohibida toda forma de publicidad o propaganda que, de manera abierta o subliminal, favorezca el consumo o comercio ilegal de drogas”, establece la ley.
Intervención antes de su apertura oficial
Aunque la apertura del bar estaba prevista para el sábado 6 de septiembre, la Fuerza de Tarea Conjunta llevó a cabo un operativo de clausura luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que denunciaron la presencia de imágenes relacionadas con estructuras criminales
Uno de los dueños del local manifestó en redes sociales que contaban con las autorizaciones necesarias para operar y aseguró que las imágenes expuestas correspondían a actores de telenovelas, no a criminales. No obstante, los argumentos no evitaron que las autoridades ejecutaran la medida.
El local se encontraba ubicado en la calle Genoveva, en el sector Santa Rosa, y fue cerrado en su totalidad tras la intervención.
Posibles consecuencias legales
Según el experto legal Félix Porte, la Ley 50-88 establece penalizaciones para quienes, de forma explícita o implícita, promuevan el narcotráfico, incluyendo el uso de imágenes, obras artísticas o símbolos que puedan ser interpretados como justificación de actividades ilegales.
Las consecuencias pueden incluir multas, penas de cárcel y el cierre definitivo del establecimiento, dependiendo de la gravedad y reincidencia del hecho.
Por su parte, las autoridades valoraron positivamente la respuesta de la comunidad banileja, calificando su accionar como un ejemplo de compromiso con la legalidad y la seguridad ciudadana.
