El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud de contraperitaje técnico presentada por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 100 personas lesionadas.
El juez Raymundo Mejía fundamentó su decisión al establecer que el pedimento fue presentado fuera del plazo legal, precisando que este tipo de diligencias debía solicitarse durante la etapa investigativa, la cual ya concluyó formalmente.
El magistrado aclaró que el Tercer Juzgado de la Instrucción, en funciones de tribunal de control, declinó conocer la solicitud para que fuera evaluada en esta fase procesal, lo que no implicaba una admisión automática del requerimiento.
Durante la audiencia, el Ministerio Público reiteró que el proceso penal debe desarrollarse conforme a las etapas establecidas en la normativa, sin permitir actuaciones que supongan retrocesos o alteraciones del procedimiento.
A esta postura se sumaron los representantes legales de las víctimas, quienes señalaron que, además de haberse presentado fuera de tiempo, la defensa no aportó documentación que acreditara la capacidad técnica y profesional de los peritos propuestos.
El tribunal fijó para el 16 de febrero la próxima audiencia correspondiente a la fase preliminar del proceso.
Acusaciones del Ministerio Público
De acuerdo con el expediente acusatorio, el Ministerio Público atribuye a los imputados una responsabilidad penal agravada, al sostener que la estructura del techo fue sobrecargada con sistemas de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia del inmueble.
La acusación también establece que los hermanos Espaillat desatendieron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando la reducción de costos a pesar de los riesgos evidentes para la seguridad de los asistentes.
Los informes periciales que sustentan la acusación fueron elaborados por Leonardo de Jesús Reyes Madera, ingeniero sismorresistente; Eduardo A. Fierro, presidente de BFP Engineers; y Máximo José Corominas Quezada, ingeniero patólogo, todos designados por el órgano acusador.
Por estos hechos, los imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
Lo Que Pasa RD — Noticias reales, sin adornos.
