La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el país —al igual que muchas naciones de América Latina y el Caribe— enfrenta una deuda histórica con las víctimas dentro del sistema judicial.
Durante su participación en la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, Reynoso indicó que, si bien se ha garantizado el debido proceso para imputados, los derechos de las víctimas han sido relegados en la práctica judicial y doctrinal.
“La reparación a las víctimas sigue siendo una figura casi nula en la jurisprudencia regional”, subrayó Reynoso, enfatizando que el fortalecimiento de la justicia pasa por garantizar equidad para todas las partes del proceso.
En su intervención, moderada por Berenice Barinas, directora de Ética e Integridad Gubernamental, Reynoso destacó que su gestión ha priorizado un modelo de justicia accesible. “La justicia tiene que estar al alcance de todos, incluso de quien va en chancletas”, expresó.
La procuradora informó que el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de 24 fiscalías comunitarias que estarán distribuidas en zonas de alta incidencia delictiva y escaso acceso a la justicia, según indicadores del mapa de criminalidad.
Estas fiscalías buscan acercar los servicios judiciales a la ciudadanía, permitiendo una intervención más oportuna y empática frente a los delitos que afectan directamente a las comunidades.
El panel contó también con la participación de Juan Carlos Astúa Jaime, director para Costa Rica del National Center for State Courts, y Gerardo Andrés Hernández Montes, de Transparencia por Colombia.
