La Junta Central Electoral (JCE) requerirá aproximadamente 2,081.6 millones de pesos para imprimir ocho millones de cédulas con un nuevo formato durante el año 2025. Sin embargo, el presupuesto asignado a la institución solo contempla un aumento adicional de 150 millones de pesos en comparación con lo asignado en 2022, sin contar los fondos destinados a los partidos políticos.
Esta diferencia financiera obligará a la JCE a hacer ajustes internos para poder llevar a cabo el “Proyecto de renovación de la cédula de identidad y electoral”.
La renovación de la cédula, originalmente prevista para 2024, tuvo que ser postergada debido a la insuficiencia de recursos, a pesar de que en marzo de ese año la Dirección Financiera de la JCE había asegurado que tomaría las medidas necesarias para financiar el proyecto en dos fases.
Además, la JCE ya ha utilizado los 11,303.8 millones de pesos asignados para gastos electorales y operativos, lo que evidencia la limitación presupuestaria para nuevos proyectos.
Ajustes presupuestarios y comunicación con partidos
La JCE ha informado a los partidos políticos sobre esta situación. Javier Ubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo, explicó que aunque el presupuesto del Gobierno Central no incluyó fondos específicos para la nueva cédula ni en 2024 ni en 2025, la JCE ajustará su presupuesto interno para destinar recursos a esta iniciativa.
“Como la JCE es un órgano independiente, con el presupuesto disponible en 2025 hará los ajustes necesarios para asignar una partida destinada a la cédula”, indicó Ubiera.
Desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sigmund Freund comentó que el asunto inicialmente estaba relacionado con el presupuesto, pero posteriormente se decidió ampliar el plazo de licitación para permitir la participación de más empresas.
Presupuesto asignado a la JCE
Para el año 2025, el Gobierno y el Congreso Nacional aprobaron un presupuesto total de 6,750.8 millones de pesos para la JCE. De esta suma, 1,500 millones están destinados a los partidos políticos, dejando 5,250.8 millones para las obligaciones institucionales de la Junta.
