Por Editorial / Lo Que Pasa RD. – Diariamente, las calles y avenidas del país se convierten en el escenario de un problema alarmante que roba la tranquilidad de miles de familias: la proliferación de conductores de motocicletas que transitan a velocidades desmedidas y realizando maniobras altamente peligrosas, como la práctica de calibrar en vías públicas.
Esta conducta temeraria sitúa al propio conductor en una vulnerabilidad extrema, siendo su cuerpo el que recibe el impacto directo en cada colisión o deslizamiento.
La imprudencia de motoristas a alta velocidad: un llamado a la reflexión
Más allá de la tragedia humana, la irresponsabilidad en la conducción representa una sangría económica para el Estado dominicano. Los centros de trauma y las salas de urgencias destinan diariamente recursos millonarios en cirugías complejas, insumos médicos y camas de cuidados intensivos para atender emergencias provocadas por la imprudencia vial.
Como sociedad, surge una interrogante legítima: ¿por qué el presupuesto público de salud debe financiar de manera ilimitada las consecuencias de la temeridad deliberada?
Urge un régimen de consecuencia y responsabilidad civil
Para frenar esta situación, el Estado no solo debe endurecer las sanciones penales y de tránsito contra quienes violan la ley, sino también establecer mecanismos de responsabilidad financiera:
- Cobertura de gastos médicos: Cobertura o reembolso obligatorio de los costos hospitalarios por parte de los infractores reincidentes o aquellos que se accidenten en maniobras ilegales.
- Resarcimiento a terceros: Obligatoriedad de reparar de forma integral los daños materiales y físicos ocasionados a otros conductores o peatones.
La libertad de tránsito no puede estar por encima de la paz colectiva ni de la sostenibilidad económica del país. La imprudencia vial debe castigarse con firmeza.
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