Redacción Judicial / Lo Que Pasa RD. – La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal dispuso el aplazamiento para el próximo jueves del conocimiento de la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido popularmente como “El Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por presunto maltrato físico, psicológico y trabajo forzado en perjuicio de varios menores de edad.
La decisión del tribunal obedeció a que aún se encuentran pendientes por completar diversas evaluaciones médicas y psicológicas, así como diligencias procesales vinculadas a los niños y adolescentes rescatados durante las intervenciones oficiales.
La medida de coerción contra el pastor
De acuerdo con el abogado representante de la defensa, estas evaluaciones constituyen un requisito imprescindible que debe figurar en el expediente antes de formalizar el debate sobre la medida cautelar. Asimismo, la defensa argumentó que, hasta la fecha, ninguno de los padres de los menores afectados ha presentado una querella formal contra el imputado.
Por su parte, el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva para Capellán y Muñoz Rodríguez, a quienes atribuye la violación de las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes).
Origen de las investigaciones y rescate en Haina
El expediente judicial vincula directamente a los imputados con la entidad denominada Fundación Restaurando Vida ("Un Muerto que Revive"), ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Las indagatorias iniciaron luego de que un menor de 12 años lograra escapar del recinto el pasado 28 de agosto y denunciara ante las autoridades las precarias y severas condiciones a las que presuntamente eran sometidos. En el operativo posterior, las autoridades lograron el rescate de 14 niños y adolescentes que permanecían en el lugar.
Adicionalmente, el Ministerio Público reveló que la fundación operaba al margen de la ley. Entre las evidencias ocupadas figura una certificación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), fechada el 30 de octubre de 2020, en la cual se ordenaba la suspensión inmediata de sus operaciones y se prohibía explícitamente el ingreso o acogida de menores de edad en sus instalaciones.
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