Redacción Nacional / Lo Que Pasa RD. – Un informe de investigación llevado a cabo por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al Ministerio de Educación (MINERD), correspondiente al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022, reveló inconsistencias financieras y errores de registro en la compra de equipos informáticos por un monto acumulado de RD$7,764,370.
Según expone el órgano fiscalizador del Estado, la falla afectó la razonabilidad de la información financiera de la institución. El hallazgo precisa que los desembolsos fueron asentados en la cuenta 2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación, cuando por la naturaleza del gasto debieron ser registrados en la cuenta 2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería.
Réplica de la exgestión y ratificación del órgano auditor
Ante la observación realizada por el equipo de auditoría, el exministro de Educación, Roberto Fulcar, atribuyó la situación a limitaciones técnicas especializadas del personal contable y a criterios operativos aplicados durante la clasificación presupuestaria, afirmando que el error había sido subsanado a tiempo.
Sin embargo, la Cámara de Cuentas desestimó la aclaración y mantuvo firme la objeción en su informe definitivo:
"La condición observada se mantiene en los mismos términos planteados en el informe, debido a que la evidencia aportada no desvirtúa la incorrecta imputación presupuestaria identificada", determinó formalmente la entidad fiscalizadora.
Detección de irregularidades en la auditoria minerd
La Cámara de Cuentas estableció en sus consideraciones jurídicas que la actuación vulneró las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, dictadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), de manera específica en los principios fundamentales de Registro e Imputación Presupuestaria y de Uniformidad.
Como consecuencia de estas inobservancias, el informe concluye que los principales funcionarios y servidores públicos actuantes comprometen su responsabilidad administrativa por acción u omisión, bajo el amparo de los artículos 47 y 54 de la Ley n.º 10-04 de la Cámara de Cuentas.
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