La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo halló culpable a Rony Mora de los Santos de sustraer 15 equipos de medición y sus tarjetas, violando el artículo 379 del Código Penal. Edeeste valoró la decisión judicial como un precedente clave.
Redacción Judicial / Lo Que Pasa RD.— Los tribunales del país emitieron una sentencia condenatoria por atentados contra la infraestructura de servicios públicos, confirmándose que dictan un año y dos meses de prisión a hombre por robo de 15 medidores de Edeeste tras las investigaciones presentadas por el Ministerio Público.
El tribunal responsable de emitir el fallo fue la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual impuso la pena de un año y dos meses de reclusión en contra de Rony Mora de los Santos.
Detalles de la acusación y fallo judicial
De acuerdo con el expediente instrumentado por la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, el procesado fue encontrado plenamente responsable de la sustracción ilegal de 15 medidores eléctricos junto a sus respectivas tarjetas de control, dispositivos que operan como activos esenciales de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
La acción delictiva fue tipificada formalmente como una violación flagrante al artículo 379 del antiguo Código Penal dominicano, el cual sanciona el delito de robo. El tribunal adoptó la decisión en la audiencia celebrada el pasado 26 de octubre, fijándose la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 16 de noviembre.
Postura institucional de Edeeste
Tras conocerse el dictamen, la directiva de Edeeste emitió un comunicado destacando el alcance de la medida judicial para la protección de sus bienes corporativos y la continuidad del servicio a los abonados.
La distribuidora eléctrica subrayó que la sustracción de medidores impacta negativamente los procesos operativos de la empresa y deteriora la gestión energética destinada a los clientes.
Asimismo, la empresa reafirmó su política de persecución legal contra cualquier persona involucrada en la comercialización o manipulación ilícita de equipos de la red, exhortando a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas delictivas a través de los canales institucionales.
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