La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha encendido las alarmas del sistema judicial dominicano al interponer una acción constitucional de amparo debido a las condiciones infrahumanas, de hacinamiento extremo e insalubridad en las que se encuentran decenas de privados de libertad en Santo Domingo Este. La medida legal va dirigida específicamente contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de dicha demarcación.

La acción judicial fue tomada tras una rigurosa inspección presencial realizada por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames. Las profesionales del derecho confirmaron una realidad alarmante: un total de 85 personas permanecen recluidas en un espacio sumamente reducido que fue diseñado única y exclusivamente para detenciones temporales de muy corta duración.

Una bomba de tiempo sanitaria en el sector Alma Rosa

El calabozo en cuestión se encuentra ubicado en el destacamento policial del sector Alma Rosa, en el municipio Santo Domingo Este. Las condiciones físicas y de higiene del lugar fueron descritas como críticas, convirtiendo el recinto en una verdadera bomba de tiempo para la salud de los internos y del propio personal policial que custodia el perímetro.

El colapso del espacio físico se divide en dos alarmantes realidades procesales:

27 personas tras las rejas se encuentran todavía a la espera de que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes o de que un tribunal conozca sus respectivas medidas de coerción.
58 ciudadanos recluidos ya recibieron una medida de coerción formal por parte de los jueces, pero siguen atrapados en el destacamento debido a la enorme burocracia y retrasos en el sistema de traslados hacia las cárceles correspondientes.

"No podemos normalizar esto": El duro reclamo de Rodolfo Valentín

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, se pronunció de manera enérgica ante esta problemática. Advirtió con preocupación que la situación de Alma Rosa no es un hecho aislado, sino un mal endémico que se ha agravado de forma alarmante en diferentes destacamentos de toda la zona oriental.

«No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia», sentenció Valentín Santos.

El titular de la institución recordó de manera firme que el Estado dominicano tiene la obligación ineludible de garantizar condiciones de detención totalmente acordes con los preceptos de la Constitución de la República, asegurando además el traslado oportuno de los reclusos hacia los centros penitenciarios formales de la nación.

Violación directa a los derechos fundamentales y la Constitución

Para la Defensa Pública, este enorme tapón de internos refleja fallas severas y estructurales en el sistema de traslados de la red penitenciaria. Mantener a personas recluidas por semanas en puestos policiales improvisados vulnera de forma directa derechos fundamentales protegidos tanto por la Carta Magna dominicana como por los tratados internacionales suscritos por el país. Entre estos se destacan el derecho a la dignidad humana, la integridad física y moral, y el acceso real a la salud.

La batalla legal ya tiene fecha en el calendario. El tribunal fijó la audiencia para este próximo viernes 10 de julio de 2026, día en el que las autoridades accionadas deberán presentar de forma obligatoria sus escritos de defensa antes de que el juez proceda a conocer el fondo de esta urgente acción de amparo.