El Ministerio Público ha solicitado una condena de siete años de prisión para Elizabeth Silverio Silien, autodenominada neurocientífica, en un nuevo juicio realizado ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional. La acusada es señalada de usurpar funciones en el sector de la salud mediante su centro de terapias, Knowledge Land (Kogland). Además, se solicitó la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, la confiscación de las pruebas recabadas, y una revisión de la medida de coerción impuesta a la acusada.
El órgano persecutor argumentó que, debido a una condena previa, el riesgo de fuga de Silverio es alto. La gravedad del daño causado a diversas familias y a la sociedad refuerza esta solicitud. Según las autoridades, la imputada desarrolló un esquema fraudulento que afectó a familias con niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicología sin contar con los títulos ni las credenciales legales pertinentes.
El Ministerio Público, representado por las procuradoras Magalys Sánchez y Laura Vargas, explicó que la investigación reveló que Silverio no tiene registro académico válido ni habilitación legal para ejercer en las áreas de neurociencia y psicología, conforme a las certificaciones del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y otras autoridades competentes.
Se presentaron pruebas testimoniales que evidencian que la acusada emitía diagnósticos falsos y aplicaba tratamientos sin formación adecuada. A través de documentos falsificados, como títulos universitarios y un número de exequátur inventado, engañaba a las familias, quienes confiaron en ella para el tratamiento de sus hijos.
Además, el centro operado por la imputada funcionaba sin las habilitaciones legales requeridas, siendo finalmente clausurado por el Ministerio de Salud Pública. Las investigaciones también indicaron que Silverio obtenía beneficios económicos sustanciales mediante sus prácticas fraudulentas, confirmando su objetivo lucrativo.
Las autoridades señalaron que este tipo de maniobras resulta particularmente grave debido a que las víctimas son niños con necesidades especiales. Las acusaciones contra la imputada están basadas en los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de funciones, violando diversas leyes y artículos del Código Penal Dominicano, la Ley General de Salud y el Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
El juicio continuará con la deliberación de la jueza Milagros Ramírez Cabrera, quien ha fijado el fallo para el martes, 14 de abril de 2026, a las 2:00 p.m.
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