El Ministerio Público solicitó formalmente 18 meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja contra los tres principales implicados en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Onco14 en Santiago.
El órgano persecutor presentó la medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, acusando al grupo de desvalijar los fondos destinados a pacientes con cáncer en la región norte.
Los imputados aprovecharon sus posiciones de poder en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para desviar millonarias sumas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Un desfalco inhumano revelado por la Operación Onco14 en santiago
La investigación liderada por las autoridades detalla un esquema criminal sin precedentes en el sector salud, donde los acusados antepusieron el enriquecimiento ilícito a la vida de personas vulnerables.
De acuerdo con la acusación, la estructura operaba mediante maniobras financieras que incluían la autoasignación de salarios extravagantes, viáticos injustificados y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes de lujo y hoteles.
Asimismo, el Ministerio Público demostró cómo los encartados llegaron al extremo de sobornar a distribuidoras farmacéuticas para monopolizar las compras y saquear las finanzas del patronato de manera sistemática.
Los implicados: Un entramado familiar bajo la lupa
El principal señalado en el extenso expediente de la Pepca es Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, considerado el cabecilla de la red.
Junto a él son procesadas de forma directa su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien fungía estratégicamente como auditora interna y externa de la entidad.
Las pesquisas señalan que las empresas familiares Vargas Guzmán Accounting Center y la citada fundación eran utilizadas como fachadas financieras para distraer y lavar los fondos ilícitos obtenidos del fraude clínico.
Del fraude farmacéutico a las cirugías estéticas ilegales
El catálogo de delitos imputados a la red de la Operación Onco14 incluye la falsificación de sellos médicos, alteración de indicaciones y la repudiable práctica de vender medicamentos que habían sido donados para los enfermos.
Por si fuera poco, las autoridades descubrieron contrabando con exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas y la insólita utilización de los quirófanos del oncológico para realizar cirugías estéticas privadas.
Para borrar las evidencias de estas malas prácticas, los implicados recurrieron al sabotaje digital y al robo de archivos clínicos directamente de los servidores informáticos de la institución médica de Santiago.
Batalla jurídica en los tribunales de la Ciudad Corazón
El expediente está siendo litigado por un equipo de alto nivel encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución, junto a Mirna Ortiz, coordinadora de la Pepca, y la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu.
La magistrada Estéfani Reyes suspendió la audiencia de este martes pasadas las 9:00 de la noche, fijando la continuación del proceso para este jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde.
En esta próxima jornada se iniciará la etapa de réplica y contrarréplica, donde el tribunal decidirá si envía a prisión preventiva a los señalados por los cargos de estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.
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