En una decisión que marca un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector salud, la magistrada Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó este lunes un año y medio de prisión preventiva contra los principales directivos implicados en la Operación Onco14, un presunto entramado criminal acusado de desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
La drástica medida de coerción pesa de forma directa sobre Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán. Ambos son señalados por el Ministerio Público como las cabezas operativas de una red que desviaba millonarios fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa) originalmente destinados al tratamiento de pacientes oncológicos de escasos recursos.
Desglose de las medidas y el dictamen del tribunal
Además de dictaminar el ingreso inmediato a prisión de la pareja de esposos, la jueza declaró el proceso judicial como caso complejo, otorgando plazos más amplios a los órganos persecutores para profundizar en la recolección de pruebas periciales, financieras y testimoniales.
La resolución de la Oficina de Atención Permanente se distribuyó de la siguiente manera entre los imputados:
| Imputado | Rol en el entramado | Medida de Coerción Dictada | Centro de Reclusión / Condición |
| Héctor Antonio Lora Cruceta | Expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer | 18 meses de prisión preventiva | CCR Rafey Hombres (Santiago) |
| Luisa Yasiris Guzmán | Esposa de Lora Cruceta / Coautora | 18 meses de prisión preventiva | CCR Rafey Mujeres (Santiago) |
| Dilcia Isabel Vargas Sánchez | Exvicepresidenta del Patronato Cibaeño | Arresto domiciliario | Beneficiada por criterio de colaboración |
La variación en la solicitud para Dilcia Isabel Vargas obedeció de manera estricta a su postura de colaboración activa con los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). De acuerdo con las declaraciones de la fiscal Mirna Ortiz, representante del órgano acusador, el Ministerio Público reconoce la condición de aquellos procesados que admiten su responsabilidad y aportan elementos contundentes para desmantelar las redes criminales desde adentro.
El modus operandi de la red desmantelada
La acusación formal de la Operación Onco14 detalla un catálogo de maniobras fraudulentas inhumanas que se ejecutaban desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC):
- Doble facturación: Se cobraban los mismos tratamientos y procedimientos médicos múltiples veces al Senasa.
- Alteración de indicaciones: Modificaban las recetas e indicaciones del personal médico para facturar fármacos de alto costo que los pacientes nunca recibían.
- Dosis incompletas: Suministraban a los enfermos de cáncer dosis reducidas o parciales de sus medicamentos, mientras cobraban al seguro la ampolla o el tratamiento al 100%.
- Tráfico de donaciones: Vendían de manera ilícita medicamentos especializados que habían sido donados por organismos internacionales para el régimen subsidiado.
- Falsificación instrumental: Utilizaban de manera sistemática sellos médicos falsificados para validar las reclamaciones fraudulentas.
El Ministerio Público advierte: "Habrá más imputados"
Al salir de la sala de audiencias, la fiscal Mirna Ortiz ponderó la robustez del expediente presentado por el órgano persecutor, asegurando que las evidencias de carácter pericial fueron determinantes para que el tribunal validara la gravedad del daño social y estatal provocado.
"Seguiremos investigando, habrán más imputados y el caso promete mucho", advirtió firmemente la magistrada Ortiz ante los medios de comunicación apostados en el Palacio de Justicia de Santiago. Con estas declaraciones, las autoridades dejan claro que las pesquisas de la Operación Onco14 apenas entran en su fase más crítica y expansiva.
Desde la sala de redacción de Lo Que Pasa RD, nos mantendremos vigilantes ante el avance de este proceso que toca la sensibilidad colectiva, reafirmando nuestro compromiso de informar bajo la premisa de que todo aquel que atente contra los recursos de los más vulnerables debe afrontar las consecuencias de la justicia de manera drástica y transparente.
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