El Gobierno dominicano presentó un proyecto de reforma fiscal que busca generar ingresos adicionales para enfrentar el creciente déficit presupuestario y garantizar la continuidad de programas sociales y subsidios estatales.
La propuesta fue dada a conocer por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que el plan incluye incrementos en determinados tributos, reducción o eliminación de otros impuestos y nuevas disposiciones orientadas a fortalecer la recaudación fiscal y reducir la evasión.
Entre las principales medidas figura un aumento temporal de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para grandes empresas con ingresos superiores a los RD$1,000 millones anuales, así como un incremento en el impuesto aplicado a las transferencias electrónicas.
El funcionario señaló que la iniciativa será enviada al Congreso Nacional durante los próximos días y que, aunque no resolverá de manera definitiva los problemas estructurales de las finanzas públicas, contribuirá a aliviar la presión fiscal generada por el aumento de los gastos gubernamentales.
Objetivo de recaudación
Las autoridades estiman que el proyecto permitirá recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales. Sin embargo, esta cifra representa menos de una quinta parte del déficit fiscal proyectado para el año 2026, calculado en más de RD$280,000 millones.
Díaz indicó que una parte importante de esos recursos será destinada a cubrir el subsidio eléctrico, que requerirá fondos adicionales durante el presente año.
Impuestos que serán eliminados
La propuesta contempla la eliminación de varios gravámenes, entre ellos:
El impuesto del 2 % aplicado a las hipotecas para adquisición de viviendas.
El tributo del 1 % sobre la constitución de compañías.
El impuesto selectivo a los seguros de vida.
Los anticipos tributarios para microempresas.
El anticipo y el impuesto a los activos para el sector agropecuario.
Asimismo, se plantea la derogación de normativas tributarias consideradas obsoletas, incluyendo la Ley de Impuesto a los Fósforos de 1935 y la Ley de Control de Estampillas de 1966.
Tasas e impuestos que aumentarán
Entre las medidas de incremento tributario destacan:
Aumento del impuesto a las transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 %.
Incremento temporal del ISR empresarial hasta un 30 % para grandes compañías.
Aplicación de un impuesto selectivo de 55 % a los cigarrillos electrónicos.
Mayor tributación para casinos y juegos de azar.
Cobro adicional de 10 dólares en los boletos aéreos.
Creación de una nueva escala del ISR personal de 27 % para ingresos superiores a RD$400,000 mensuales.
Beneficios y ajustes tributarios
La iniciativa también introduce medidas destinadas a facilitar el cumplimiento fiscal y reducir cargas para determinados sectores.
Entre ellas se encuentran:
Devolución del impuesto selectivo al alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.
Modificación del sistema de anticipos para pequeñas empresas.
Programas de regularización y amnistía de deudas tributarias.
Reducción de recargos e intereses acumulados.
Incremento de los límites exentos en impuestos sucesorales y donaciones.
Disminución del impuesto sucesoral en transferencias de bienes entre padres e hijos.
Actualización de las escalas salariales exentas del ISR.
Reducción del impuesto por ganancias de capital en la venta de inmuebles de personas físicas.
Aumento de las deducciones por gastos educativos.
Medidas contra la evasión fiscal
El proyecto incorpora nuevas herramientas para fortalecer el control tributario.
Entre ellas figura la aplicación del ITBIS en Aduanas a contribuyentes informales, la ampliación de los mecanismos de trazabilidad fiscal hacia el sector de combustibles y mayores retenciones del ISR para contribuyentes considerados de difícil fiscalización.
Además, el ministro de Hacienda tendría facultad de objeción en determinados procesos relacionados con incentivos fiscales, con el objetivo de evitar prácticas de evasión o elusión tributaria.
Proyecto respaldado por el Poder Ejecutivo
De acuerdo con Magín Díaz, la propuesta fue revisada y aprobada por el presidente Luis Abinader, quien considera que las medidas planteadas son razonables dentro del actual contexto económico.
La reforma representa el segundo intento de la actual administración de introducir cambios tributarios significativos, luego de que una propuesta presentada en 2024 fuera retirada tras recibir críticas de distintos sectores.
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