La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó de manera definitiva el recurso de casación presentado por la defensa de Argenis Contreras González, confirmando la pena de 20 años de reclusión mayor por el rapto y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, acontecido en octubre de 2017.
Con este fallo, la alta corte convierte en irrevocable la sentencia penal núm. 502-01-2025-SSEN-00181, obligando al imputado a cumplir la totalidad de su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Detalles del fallo judicial y síntesis del expediente
El dictamen judicial responde a la solicitud formal presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuyos fiscales lograron rebatir los alegatos de la defensa y demostrar la responsabilidad penal de Contreras en los delitos de homicidio y ocultamiento de cadáver.
A continuación, se compilan los elementos centrales de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia:
| Componente del Caso | Detalles de la Sentencia Definitiva |
| Imputado Principal | Argenis Contreras González (exencargado de Compras de la OMSA). |
| Víctima | Yuniol Ramírez Ferreras (catedrático de la UASD y presidente de CONA). |
| Pena Confirmada | 20 años de prisión e imposición del pago de las costas procesales. |
| Recinto Penitenciario | CCR Najayo Hombres (San Cristóbal). |
| Tribunal Emisor | Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). |
| Representación del MP | Procuradora adjunta Fadulia Rosa (Pepca). |
| Calificación Jurídica | Homicidio, rapto, ocultamiento de cadáver y actos de corrupción. |
Antecedentes de un crimen que conmocionó al país
El cadáver del jurista Yuniol Ramírez fue hallado en octubre de 2017 en la cañada Arroyo María, en Manoguayabo, atado con cadenas y candados a un bloque de hormigón. Inmediatamente después del suceso, Contreras González escapó hacia Estados Unidos, donde permaneció prófugo hasta su captura y posterior extradición al país tras gestiones del Ministerio Público.
«Los tribunales hicieron una correcta valoración de las pruebas presentadas, determinando sin lugar a dudas la conducta culpable del recurrente y garantizando que no exista impunidad en un hecho de tal gravedad», argumentó la procuradora adjunta Fadulia Rosa ante el tribunal.
El expediente judicial estuvo estrechamente vinculado a las investigaciones por actos de corrupción administrativa detectados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), entidad donde el procesado ejercía funciones directivas al momento de cometerse el crimen.
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