Código Penal RD
Una seria advertencia sobre los derechos de la niñez en la República Dominicana ha encendido las alarmas en el ámbito político y social. La titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Kenia Lora Abreu, advirtió este miércoles 15 de julio de 2026 que la propuesta de modificación al artículo 141 del Código Penal representaría un grave retroceso legal, al reducir de forma alarmante el tiempo que tienen las víctimas de abuso sexual infantil para denunciar a sus agresores ante la justicia.
Tras un riguroso análisis técnico del proyecto de ley que actualmente modifica la Ley No. 74-25 en el Congreso Nacional, la comisión especializada concluyó que eliminar el régimen especial de prescripción para los delitos sexuales contra menores de edad fomentará escenarios de impunidad y desprotegerá a las víctimas más vulnerables.
Código Penal RD: ¿Cómo afecta a las víctimas?
La legislación vigente en el país toma en cuenta una compleja realidad psicológica y social: las víctimas de abuso sexual durante la infancia suelen tardar años, e incluso décadas, en romper el silencio debido al miedo, la manipulación emocional, las amenazas de los agresores o las profundas secuelas psicológicas.
Por esta razón, la ley actual establece que el plazo de prescripción para perseguir estos delitos comienza a correr únicamente cuando la víctima cumple la mayoría de edad (18 años) y se extiende por un periodo de 30 años. Sin embargo, la reforma propuesta elimina esta ventana de protección y establece que el plazo comience a computarse desde el día en que ocurrió el hecho, bajo la regla general de prescripción penal.
Para entender el impacto real de esta modificación, se presenta la siguiente comparación práctica basada en el caso de un niño o niña que sufra abuso a los 5 años de edad:
| Parámetro de Comparación | Legislación Penal Vigente | Propuesta de Reforma (Modificación Art. 141) |
| Inicio del conteo de prescripción | Al cumplir la mayoría de edad (18 años). | Desde la fecha en que ocurrió el hecho (ej. 5 años). |
| Duración del plazo para denunciar | 30 años a partir de la mayoría de edad. | Conforme a la regla general de prescripción ordinaria. |
| Límite de edad para buscar justicia | Hasta los 48 años de edad de la víctima. | Vence definitivamente a los 25 años de edad. |
| Pérdida neta de tiempo legal | Conserva el periodo completo de madurez emocional. | Pierde 23 años de oportunidad para denunciar. |
El peligro de favorecer al agresor por el paso del tiempo
"Estamos hablando del tiempo real que tendrá una víctima para acudir a los tribunales. Esa diferencia temporal puede significar la línea entre la justicia o la impunidad absoluta. Cuando la víctima es un niño o una niña, el paso del tiempo suele favorecer al agresor y no a quien sufrió el abuso. El Estado dominicano tiene la obligación ineludible de garantizar que las víctimas puedan denunciar cuando finalmente estén emocionalmente preparadas para hacerlo", enfatizó Kenia Lora.
La dirigente política recordó que la tendencia internacional en materia de derechos humanos y protección a la infancia va en la dirección opuesta: ampliar los plazos de prescripción o declarar la imprescriptibilidad absoluta de los delitos de abuso sexual infantil, debido a la naturaleza traumática de estas agresiones.
Reducción de penas en casos de hostigamiento
Además del artículo 141, la Comisión de Niñez y Adolescencia del PLD manifestó su profunda preocupación por las modificaciones planteadas al artículo 122 del Código Penal, el cual tipifica el delito de hostigamiento.
Según denunciaron, la reforma elimina la condición de "niño, niña o adolescente" como una agravante autónoma y reduce significativamente las sanciones en supuestos específicos. Esto, a juicio de los especialistas de la organización, debilita las herramientas legales para combatir el acoso y la persecución contra los menores de edad.
Ante este panorama, la comisión exhortó formalmente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a paralizar estas modificaciones específicas, mantener el régimen especial de prescripción vigente y abrir una mesa de consulta pública y técnica con expertos en psicología infantil, derechos humanos y sistema de justicia.
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