Condenan a 15 años de prisión a una mujer por grave vulneración de derechos en perjuicio de sus hijas menores en el Distrito Nacional

Fachada del Palacio de Justicia del Distrito Nacional donde se dictó la condena judicial

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El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia de 15 años de prisión y el pago de una multa de 100 salarios mínimos contra una mujer hallada culpable de vulnerar de manera grave la integridad física y moral de sus dos hijas menores de edad, en un esquema de generación de contenido ilícito que involucraba intercambio de dinero.

El proceso judicial fue impulsado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en estrecha colaboración jurídica internacional con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Compendio procesal y detalles de la investigación

La investigación se originó tras recibir informaciones desde territorio estadounidense sobre una pesquisa contra un ciudadano identificado como Daniel Batista, quien posteriormente fue condenado en Nueva York a 18 años de prisión tras serle ocupado material no permitido en su dispositivo móvil.

A continuación, se compilan los elementos centrales del caso y la decisión del tribunal:

Criterio / AspectoDetalles del Proceso Judicial
Tribunal ActuanteCuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Sanción Impuesta15 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos.
Organismos de InvestigaciónPETT (Ministerio Público), unidad Dictot y el FBI (EE. UU.).
Implicado InternacionalDaniel Batista (condenado a 18 años de prisión en Nueva York).
Marco Legal AplicadoLey 53-07 (Crímenes de Alta Tecnología, Art. 24) y Ley 136-03 (Código de Niños, Niñas y Adolescentes).
Instrumento InternacionalConvención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional.

Cooperación internacional y resguardo a las víctimas

Durante todo el trayecto procesal, el Ministerio Público mantuvo un protocolo de protección reservada para salvaguardar la identidad y seguridad de las menores afectadas. Las investigaciones demostraron que la procesada utilizaba a sus descendientes y a otras menores de su entorno para producir el material remitido al extranjero.

«Este caso evidencia la efectividad de la cooperación jurídica internacional para perseguir los delitos transnacionales que vulneran a niños, niñas y adolescentes, y reafirma nuestro compromiso de tolerancia cero ante cualquier forma de instrumentalización de los menores», enfatizó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, directora de la PETT.

El tribunal, presidido por la magistrada Keila Pérez e integrado por Arisdeilis Méndez y Francis Hernández, acogió en su totalidad el expediente sustentado por las fiscales Aleika Almonte y Noelia Tavera, ordenando el cumplimiento inmediato de la pena.

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