Faride Raful
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, fijó este lunes la postura oficial del Gobierno ante las recientes y graves denuncias que vinculan a agentes policiales, incluidos oficiales de alto rango, en un presunto "tumbe" de sustancias narcóticas. La funcionaria hizo un llamado enérgico a la prudencia y a esperar que el Ministerio Público concluya las indagatorias antes de emitir juicios de valor definitivos.
Al ser abordada por los medios de comunicación sobre el avance del caso, Raful enfatizó que el proceso se maneja bajo estrictos protocolos de confidencialidad compartidos entre el órgano persecutor del sistema de justicia y los departamentos de control interno de la Policía Nacional, evitando revelar datos que puedan entorpecer el curso de las pesquisas.
Justificación penal y el destino de las pruebas
La titular de la seguridad ciudadana explicó que el norte de esta investigación es delimitar con exactitud científica y jurídica si existen las condiciones para imputar responsabilidad penal a los uniformados involucrados.
Los ejes principales destacados por la ministra durante su intervención presencial incluyen:
- Establecer culpabilidad real: Raful insistió en que el primer paso mandatorio de la ley es verificar la vinculación directa de cada oficial señalado para poder estructurar un expediente sólido.
- Autonomía del Ministerio Público: Reiteró que una vez finalice la recolección de evidencias, será el cuerpo de fiscales el que determine las acusaciones formales basándose de forma estricta en las pruebas materiales obtenidas.
- Continuidad de la transformación: La funcionaria aprovechó el escenario para blindar el proceso de reforma policial en curso, definiéndolo como un plan estructural y cultural profundo que no se detendrá ante hechos aislados.
La postura de Interior y Policía: “Lo primero que hay que determinar es si están envueltos y establecer la responsabilidad. Cuando la investigación esté finalizada, será el Ministerio Público que hará las acusaciones que entienda con las pruebas que ha encontrado en cada proceso y ahí haremos justicia”, sentenció de manera categórica Faride Raful.
A pesar del hermetismo reinante en torno a los nombres y rangos de los uniformados investigados, analistas locales consideran que este caso representa una prueba de fuego para los nuevos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que se intentan implementar en la uniformada. Desde la redacción de Lo Que Pasa RD, daremos seguimiento continuo a los dictámenes que emita la Procuraduría General de la República en las próximas horas.
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