El Senado de la República de gran sorpresa aprobó el pasado miércoles, bajo un procedimiento de urgencia y mediante un trámite exprés, un proyecto de ley que modifica de forma drástica la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La pieza legislativa fue depositada y sancionada el mismo día sin pasar por el debido estudio de las comisiones parlamentarias, asestando un fuerte impacto financiero directo al gran empresariado nacional.
La iniciativa introduce una reforma profunda al artículo 36 de la legislación vigente, elevando sustancialmente las tarifas obligatorias anuales que las corporaciones de altos ingresos deben aportar para el manejo de los desechos en el país. Hasta el momento de esta aprobación, la ley establecía un tope único de 675,000 pesos anuales para cualquier compañía que facturara más de 100 millones de pesos, sin importar si sus ingresos anuales alcanzaban miles de millones.
Una escala segmentada: Así cambiarían las tarifas por residuos sólidos en República Dominicana
La propuesta legislativa aumenta de seis a doce los niveles de contribución de las empresas, tomando como referencia directa los ingresos comerciales reportados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Asimismo, el proyecto incorpora una exención total expresa para todas las organizaciones sin fines de lucro del país.
El nuevo desglose tarifario aprobado por la cámara alta se reestructura de la siguiente manera:
- Empresas con ingresos superiores a RD$2,000 millones: Pasarán de pagar un tope anterior de RD$675,000 a una contribución obligatoria de RD$3,000,000 al año, lo que representa un aumento de cuatro veces el monto original.
- Empresas con ingresos entre RD$1,000 millones y RD$2,000 millones: Sufrirán un incremento en su tasa anual, pasando de RD$675,000 a pagar RD$1.7 millones.
- Empresas con ingresos entre RD$700 millones y RD$1,000 millones: El cobro anual se reajustará levemente de RD$675,000 a RD$700,000.
- Empresas con ingresos entre RD$500 millones y RD$700 millones: Mantendrán exactamente la misma tarifa fija previa de RD$675,000 al año.
- Empresas con ingresos entre RD$300 millones y RD$500 millones: Recibirán una reducción en el cobro, bajando de RD$675,000 a RD$500,000 anuales.
- Empresas con ingresos entre RD$100 millones y RD$300 millones: Su tasa anual bajará de RD$675,000 a RD$400,000.
- Empresas con ingresos entre RD$50 millones y RD$100 millones: Pasarán de pagar RD$260,000 a un monto variable de entre RD$120,000 y RD$150,000, según el tramo asignado.
- Empresas con ingresos entre RD$25 millones y RD$50 millones: Experimentarán una rebaja de RD$155,000 a RD$90,000 anuales.
- Empresas con ingresos de hasta RD$5 millones: Aportarán una cuota única de RD$3,500. Bajo la ley vieja, los negocios de hasta un millón pagaban RD$3,000, y los de hasta diez millones aportaban RD$6,000.
Destino de los millones recaudados y prórroga para plásticos prohibidos
De acuerdo con lo sancionado en la cámara alta, los fondos millonarios recaudados por concepto de esta contribución especial se destinarán de forma íntegra a nutrir el fideicomiso de la Ley 225-20. Dicho fondo está concebido exclusivamente para el financiamiento de obras de infraestructura clave para el medio ambiente, incluyendo plantas de valorización, estaciones de transferencia, rellenos sanitarios modernos y programas de gastos operativos del sistema de basura.
Como contraparte a los aumentos, los senadores aprobaron una flexibilización en los plazos de prohibición medioambiental. La reforma extiende de 60 días a seis meses el periodo de gracia para que entre en vigencia la prohibición total de importar pajillas (sorbetes), cubiertos plásticos y envases de foam.
Voces a favor, críticas en el Congreso y un rechazo empresarial unánime
- Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD): Deploró la aprobación acelerada y advirtió que la velocidad del proceso evidencia una total ausencia de consultas públicas o de estudios técnicos rigurosos que sustenten los montos.
- Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona): Censuró la reforma al señalar que los proyectos de inversión y el clima de negocios del país requieren de una concertación técnica amplia con los sectores productivos involucrados.
- Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores): Denunció que las nuevas cargas impositivas carecen de bases técnicas transparentes, por lo que exigió al Congreso aplicar criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad en la legislación.
Esta controversial modificación representa la segunda reforma aplicada a la normativa de residuos sólidos en menos de un año desde su nacimiento formal en el 2020.
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